Servicio de recolección, bajo la lupa por presuntas irregularidades tributarias y administrativas

SAN JUAN NEPOMUCENO. El servicio de recolección de basura domiciliaria se perfila como uno de los desafíos más urgentes que deberá afrontar la próxima administración municipal, que surgirá de las elecciones entre el candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Amílcar Miño, y la candidata de la alianza entre el movimiento Yo Creo y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Leticia Riveros.

Actualmente, la prestación del servicio está a cargo de Lilian Molinas, hermana del intendente colorado cartista Derlis Molinas. Sin embargo, de acuerdo con la documentación utilizada para el cobro a los contribuyentes, la empresa responsable figura a nombre de Marcial Cárdenas, quien se desempeñaba como conductor del camión recolector, aunque posteriormente habría presentado su renuncia.

Otro aspecto que genera interrogantes es que los comprobantes entregados a los usuarios por el servicio de recolección no contarían con timbrado autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, requisito indispensable para la emisión legal de facturas. De confirmarse esta situación, la empresa estaría operando al margen de las disposiciones tributarias vigentes, al no documentar formalmente sus ingresos ni tributar el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Según datos obtenidos por este medio, Lilian Molinas se encontraría molesta tras la reciente derrota electoral sufrida por su hermano en las internas partidarias y habría manifestado su intención de dejar de prestar el servicio. Incluso, se menciona que la recolección continuaría solamente hasta noviembre y utilizando un camión tumba, ante la posibilidad de que el propietario del actual camión recolector retire el vehículo afectado a la actividad.

Asimismo, los antecedentes indican que la empresa Eco Reciclas, cuya documentación señala como casa matriz la ciudad de Luque y como sucursal el barrio San Agustín de San Juan Nepomuceno, abona a la Municipalidad la suma de G. 2.000.000 en concepto de adjudicación o canon por la explotación del servicio.

Ante este escenario, la futura administración municipal deberá definir con rapidez la continuidad del servicio, garantizar su regularidad y transparentar el proceso de contratación, teniendo en cuenta que la recolección de residuos constituye una prestación esencial para la salud pública y la calidad de vida de la población.