Cuando una denuncia intenta silenciar la crítica pública

El debate generado en San Juan Nepomuceno a raíz de la denuncia presentada contra Antonio Caballero y Julio Benítez Martínez vuelve a poner sobre la mesa una discusión fundamental en una sociedad democrática: ¿hasta dónde llegan los límites de una denuncia por violencia y dónde comienza el intento de restringir la libertad de expresión?

La docente Eva Marisza Molinas de Esquivel acudió a la Justicia invocando la Ley N.º 5777/16 y solicitó medidas de protección alegando que publicaciones realizadas en redes sociales afectaron su dignidad y su integridad emocional. Como corresponde en un Estado de derecho, será el juzgado competente el que deberá analizar las pruebas y determinar si existió o no una vulneración de derechos.

Sin embargo, desde otra perspectiva, el caso abre una preocupación mayor: el posible uso de mecanismos legales destinados a proteger a víctimas de violencia para intentar frenar críticas, cuestionamientos o publicaciones incómodas vinculadas a la actividad pública.

En una comunidad donde los funcionarios y figuras vinculadas al poder político están permanentemente sometidos al escrutinio ciudadano, la crítica y la investigación periodística cumplen un papel esencial. La libertad de expresión no existe solamente para difundir opiniones agradables o favorables; su verdadero valor aparece cuando permite señalar aquello que algunos sectores pretenden ocultar.

La denuncia contra Caballero y Benítez Martínez, desde la mirada de quienes defienden la libertad de prensa, podría representar un intento de convertir un conflicto de opinión o de publicaciones periodísticas en una cuestión judicial, buscando generar un efecto de intimidación hacia quienes ejercen el derecho de informar y cuestionar.

El llamado efecto inhibidor o efecto de silenciamiento ocurre cuando una persona o medio de comunicación, ante la posibilidad de enfrentar procesos judiciales, termina evitando publicar información de interés público por temor a represalias.

Esto no significa que la libertad de expresión sea un derecho absoluto. Nadie puede utilizar el periodismo o las redes sociales como una herramienta para cometer delitos, difamar o vulnerar derechos fundamentales. Pero tampoco se puede permitir que denuncias o acciones judiciales sean utilizadas como una forma indirecta de censura.

La discusión de fondo no es solamente sobre dos publicaciones o una denuncia determinada. El verdadero debate es qué tipo de sociedad queremos construir: una donde los ciudadanos puedan cuestionar libremente a quienes ejercen poder y a sus entornos, o una donde la amenaza de una denuncia termine imponiendo silencio.

La Justicia tendrá la última palabra sobre este caso. Pero la sociedad debe mantenerse alerta ante cualquier intento de convertir la protección de derechos en un mecanismo para limitar otro derecho fundamental: el de expresarse libremente.

Porque una democracia fuerte no se construye eliminando las voces críticas, sino garantizando que todas las voces puedan ser escuchadas.

Germán Sosa