Cuando la política bloquea la gestión municipal

La denuncia presentada por la Junta Municipal de San Juan Nepomuceno ante la Contraloría General de la República (CGR) revela un conflicto que va mucho más allá del reclamo por el pago de dietas. Lo que emerge es un enfrentamiento político entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal que, de ser ciertas las denuncias formuladas por los concejales, estaría repercutiendo directamente en el funcionamiento de una de las instituciones básicas del gobierno local.

En cualquier democracia, la confrontación política es normal. Intendentes y concejales pueden discrepar sobre proyectos, prioridades y formas de administrar los recursos públicos. El problema comienza cuando esas diferencias dejan de expresarse en el debate político y pasan a reflejarse en decisiones administrativas que afectan el funcionamiento institucional.

Los concejales sostienen que desde hace meses la Intendencia no les paga las dietas establecidas por la Ley Orgánica Municipal, pese a que las partidas presupuestarias existirían dentro del presupuesto vigente. Si esa afirmación se confirma, ya no se trataría de una simple diferencia política, sino del eventual incumplimiento de una obligación legal.

Sin embargo, el aspecto más preocupante de la denuncia quizás no sea el económico. Los ediles aseguran que desde octubre de 2025 la Junta Municipal tampoco dispone de combustible para desarrollar sus actividades oficiales. Más allá del costo que ello representa para las finanzas municipales, la denuncia instala una pregunta inevitable: ¿puede un órgano legislativo ejercer plenamente su función de representación y fiscalización cuando depende administrativamente del mismo Ejecutivo al que debe controlar?

La respuesta merece una reflexión más profunda. La autonomía funcional de una Junta Municipal no solo depende de las normas jurídicas. También requiere que existan condiciones materiales mínimas para que los concejales puedan desempeñar su labor sin restricciones derivadas de conflictos políticos.

Las juntas municipales constituyen el principal órgano de control del intendente. Aprueban presupuestos, estudian rendiciones de cuentas, sancionan ordenanzas y ejercen funciones de fiscalización. Debilitar ese órgano —sea mediante la falta de recursos o cualquier otra limitación administrativa— termina debilitando el sistema de controles previsto por la propia legislación.

Por esa razón, la denuncia presentada ante la Contraloría no debería analizarse únicamente desde la perspectiva de las dietas. Lo verdaderamente importante es determinar si existe un patrón de decisiones administrativas que esté afectando el equilibrio institucional dentro del municipio.

Corresponderá ahora a la Contraloría General de la República verificar si las partidas presupuestarias estaban disponibles, si efectivamente hubo incumplimiento en el pago de las dietas y cuáles fueron las razones administrativas que motivaron esa situación. Del mismo modo, será necesario establecer si la falta de combustible denunciada por los concejales responde a decisiones de gestión, a restricciones presupuestarias o, como sostienen los denunciantes, a un conflicto político.

También resulta indispensable escuchar la versión de la Intendencia. Al cierre de esta columna, el intendente Derlis Molinas no había respondido a las consultas realizadas, por lo que aún no se conocen los argumentos de la administración municipal frente a las acusaciones formuladas por la Junta.

La ciudadanía de San Juan Nepomuceno merece respuestas. No porque el conflicto involucre a autoridades políticas, sino porque las instituciones públicas existen para servir al interés general y no para convertirse en escenarios de disputas personales o partidarias.

Cuando el diálogo institucional desaparece, el costo no lo pagan los intendentes ni los concejales. Lo termina pagando la comunidad, que ve cómo el tiempo y los recursos públicos se consumen en enfrentamientos que poco contribuyen a resolver los problemas cotidianos del municipio.

Las diferencias políticas son parte de la democracia. Lo que no puede formar parte de ella es que esas diferencias terminen condicionando el funcionamiento de las instituciones llamadas, precisamente, a garantizar el equilibrio, el control y la legalidad en la administración de los recursos públicos.