Un intendente no puede gobernar con los brazos caídos

Perder una elección interna forma parte de la democracia. Lo que no puede formar parte de la democracia es que una derrota electoral determine el nivel de compromiso de una autoridad con la comunidad a la que todavía tiene la obligación de servir.

Si, como sostienen los pobladores, el intendente municipal de San Juan Nepomuceno, Derlis Molinas (colorado cartista), se encuentra con los “brazos caídos” después de su derrota en las internas coloradas, corresponde hacer una pregunta sencilla: ¿qué culpa tienen los ciudadanos de un resultado electoral?

El intendente fue elegido para administrar los recursos municipales y atender las necesidades de la población durante todo el periodo para el cual fue electo, no solamente mientras cuenta con respaldo político o expectativas electorales.

Y los problemas no se limitan al pésimo estado de las calles. Todos los semáforos de la ciudad se encuentran fuera de funcionamiento, una situación que representa un serio riesgo para conductores, motociclistas y peatones. En una ciudad donde el tránsito aumenta y los accidentes se multiplican, mantener durante tanto tiempo sin funcionamiento un elemento básico de seguridad vial resulta sencillamente inadmisible.

Los semáforos no son un lujo. Son instrumentos destinados a ordenar el tránsito y prevenir accidentes.

En una comunidad que aspire a funcionar con estándares mínimos de responsabilidad institucional, una situación semejante debería generar, como mínimo, una investigación administrativa y, si corresponde, la determinación de eventuales responsabilidades por negligencia en el cumplimiento de las obligaciones municipales.

Las calles no votan. Los semáforos tampoco. Pero detrás de cada calle destruida, de cada cruce peligroso y de cada servicio abandonado hay ciudadanos que sí tienen derecho a recibir una administración responsable.

Si el jefe comunal considera que ya no tiene voluntad, interés o condiciones para continuar trabajando por San Juan Nepomuceno, lo correcto y lo ético sería dar un paso al costado y permitir que otra persona, con verdadera vocación de servicio, asuma la responsabilidad de conducir la Municipalidad hasta el fin del presente periodo de gobierno comunal..

Lo que resultaría absolutamente impropio es permanecer en el cargo hasta noviembre únicamente por conveniencia personal o política. Y si, como algunos sectores de la ciudadanía sospechan, la intención de permanecer hasta el final estuviera relacionada con la necesidad de recuperar una inversión realizada durante una campaña electoral, estaríamos ante una situación todavía más preocupante.

El dinero gastado en una campaña política es una decisión de quien decide competir; no puede convertirse posteriormente en una factura que deba pagar la ciudadanía mediante el uso del poder municipal.

Gobernar no es un premio ni una inversión financiera. Es una responsabilidad.

Por eso, hasta el último día de mandato, el intendente tiene la obligación de trabajar por todos los ciudadanos, incluidos aquellos que no lo votaron y, especialmente, aquellos que hoy reclaman por calles intransitables, semáforos fuera de servicio, accidentes que se multiplican y obras que no llegan.

Una derrota electoral puede poner fin a una carrera política. Lo que no debería poner fin es al compromiso con la comunidad.