¿Proteger a una mujer o silenciar las denuncias de corrupción?

Por German Sosa:

La jueza de Paz de General Higinio Morínigo, Lorena Bianca Da Silva Acosta, dispuso medidas de protección contra Julio Benítez Martínez, tras la denuncia presentada por Eva Marisza Molinas de Esquivel. En la misma resolución, el AI N.º 40, dejó sin efecto las medidas de protección urgente que anteriormente pesaban contra Antonio Caballero.

La pregunta que inevitablemente surge es: ¿hasta dónde puede llegar una medida de protección cuando las publicaciones cuestionadas están relacionadas con asuntos de interés público?

Nadie puede cuestionar la necesidad de proteger a una mujer que realmente sea víctima de violencia. Esa protección debe ser firme y efectiva. Pero tampoco debería utilizarse una legislación creada para combatir la violencia contra las mujeres como una herramienta para impedir que periodistas, comunicadores o ciudadanos denuncien posibles hechos de corrupción o cuestionen la actuación de funcionarios públicos y personas vinculadas al poder.

Cuando una persona ocupa un cargo público —o pertenece al entorno familiar de quien lo ocupa— queda inevitablemente expuesta al escrutinio de la sociedad. Las denuncias de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos no son un asunto privado: interesan a toda la ciudadanía.

Por eso, la resolución genera preocupación. No porque una persona no tenga derecho a defender su honor o su integridad, sino porque una prohibición general de publicar durante tres meses puede terminar produciendo un efecto de censura previa, especialmente cuando el origen del conflicto está relacionado con publicaciones sobre asuntos de interés público.

También resulta llamativo que, dentro del mismo expediente, la Justicia haya adoptado decisiones diferentes respecto de los dos comunicadores denunciados: a Julio Benítez se le mantienen restricciones durante tres meses, mientras que las medidas urgentes contra Antonio Caballero fueron dejadas sin efecto.

La Justicia tendrá que explicar —y la sociedad tiene derecho a conocer— cuál es exactamente el límite entre una publicación que constituye violencia y una publicación que representa una denuncia periodística o ciudadana sobre posibles hechos de corrupción.

Porque si denunciar la corrupción termina siendo considerado violencia, mañana cualquier funcionario cuestionado podría intentar convertir una denuncia periodística en un expediente judicial para evitar que se siga hablando del tema.

Y eso sería mucho más peligroso que cualquier publicación en redes sociales.

La lucha contra la violencia de género merece todo el respaldo de la sociedad. Pero la lucha contra la corrupción también. Una no debería utilizarse para apagar la otra.