Justicia prohíbe a Julio Benítez realizar publicaciones contra hermana del intendente de San Juan Nepomuceno

SAN JUAN NEPOMUCENO. La jueza de Paz de General Higinio Morínigo, Lorena Bianca Da Silva Acosta, resolvió imponer por un periodo de tres meses medidas de protección contra el comunicador Julio Benítez Martínez, en el marco de la denuncia por supuesta violencia contra la mujer promovida por Eva Marisza Molinas de Esquivel, hermana del intendente de San Juan Nepomuceno, Derlis Molinas (ANR-Honor Colorado), quien fue derrotado en las últimas internas coloradas.

La resolución, identificada como Auto Interlocutorio (AI) N.º 40, lleva fecha del 12 de agosto de 2026 y establece restricciones para Benítez, entre ellas la prohibición de realizar publicaciones que afecten o involucren a la denunciante durante el periodo establecido por el juzgado.

La medida se produce luego de la denuncia presentada por Molinas de Esquivel, quien atribuyó a Julio Benítez Martínez y Antonio Caballero supuestos hechos de violencia y hostigamiento mediante publicaciones difundidas a través de redes sociales. Ambos habían rechazado las acusaciones y solicitado el rechazo de la acción.

Deja sin efecto medidas contra Antonio Caballero

En la misma resolución, sin embargo, la magistrada dejó sin efecto las medidas de protección urgente que anteriormente habían sido dictadas contra Antonio Caballero, también a raíz de la denuncia presentada por Molinas de Esquivel.

De esta manera, el AI N.º 40 establece un tratamiento diferente para los dos comunicadores denunciados: mantiene determinadas restricciones contra Julio Benítez durante tres meses, mientras que revoca las medidas urgentes que pesaban contra Antonio Caballero.

El caso se inició bajo la Ley N.º 5777/16, de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, normativa invocada por la denunciante para solicitar medidas de protección. Entre los pedidos formulados inicialmente figuraban restricciones de contacto y otras medidas relacionadas con las publicaciones que la mujer consideraba ofensivas.

La denuncia se da en medio de publicaciones sobre supuestas irregularidades

El conflicto judicial se produce en medio de una serie de publicaciones periodísticas y denuncias públicas relacionadas con supuestas irregularidades y hechos de corrupción atribuidos a personas vinculadas al entorno político del intendente Derlis Molinas.

La denunciante sostiene que las publicaciones constituyen actos de hostigamiento y violencia, mientras que los comunicadores han señalado que sus publicaciones se enmarcan en su labor periodística y en el derecho de informar sobre asuntos de interés público.

La resolución judicial no implica una declaración sobre la veracidad o falsedad de las denuncias de corrupción mencionadas en las publicaciones, sino que se refiere específicamente a las medidas de protección solicitadas dentro del procedimiento promovido bajo la Ley 5777/16.

El AI N.º 40, firmado el 12 de agosto, marca así un nuevo capítulo en la disputa judicial entre la denunciante y los comunicadores, con una medida restrictiva para uno de ellos y el levantamiento de las medidas urgentes que pesaban sobre el otro.