Mientras el Gobierno repite discursos sobre la prioridad de la alimentación escolar y la dignidad de los estudiantes, en San Juan Nepomuceno la realidad vuelve a mostrar el rostro más grotesco de la politiquería y los negociados disfrazados de obras públicas.
La cocina y depósito para el programa Hambre Cero de la Escuela Básica “Julia Acosta de González” debían estar terminados hace meses. El plazo contractual era de apenas 120 días. Sin embargo, pasó casi un año y la obra no solo sigue sin entregarse, sino que además fue rechazada por la propia directora de la institución debido a las evidentes deficiencias en la construcción.
Cuando una directora decide no recibir una obra pública, el hecho ya deja de ser un simple retraso administrativo. Se convierte en una señal de alarma. Y más todavía cuando la denuncia apunta a materiales de pésima calidad, puertas y ventanas deficientes, sectores mal terminados y presupuestos que, según la responsable de la escuela, no guardan relación con lo realmente ejecutado.
Lo más indignante es que hablamos de una infraestructura destinada a alimentar niños.
Mientras las autoridades se llenan la boca hablando de “hambre cero”, unos 650 alumnos siguen recibiendo alimentos cocinados en un precario depósito improvisado, pegado a los sanitarios de la institución. Esa es la verdadera postal del abandono. Esa es la realidad que no aparece en los actos oficiales ni en las fotografías de propaganda.
En Paraguay existe una peligrosa costumbre política: inaugurar discursos antes que obras. Y cuando finalmente aparecen las construcciones, muchas veces llegan infladas en costos, reducidas en calidad y repletas de sospechas.
El caso adquiere todavía mayor gravedad porque la adjudicación recayó en una empresa vinculada al exdiputado Ever Juan Aricio Noguera, conocido públicamente como el “rey de las licitaciones”. El exparlamentario además afrontará juicio oral tras ser procesado por un supuesto fraude relacionado con la provisión de merienda escolar en el departamento del Guairá. Un antecedente que inevitablemente vuelve aún más sensibles las denuncias surgidas ahora en San Juan Nepomuceno.
Y como ocurre demasiadas veces en el interior del país, alrededor de las obras públicas también sobrevuelan las figuras de supuestos operadores, intermediarios y presuntos prestanombres. En este caso aparece mencionado Julio Ortigoza, señalado por sectores locales como hombre de confianza del intendente Derlis Molinas.
La pregunta es simple: ¿quién controla realmente estas obras?
Porque cuando una escuela rechaza una construcción, significa que el sistema de fiscalización ya fracasó antes. Fracasó la municipalidad. Fracasaron los responsables técnicos. Fracasaron los controles. Y, sobre todo, fracasó la sensibilidad hacia los estudiantes.
En Paraguay parece haberse normalizado algo perverso: que las obras públicas duren menos que los carteles que anuncian su construcción.
La comunidad educativa no está pidiendo lujo. No exige mármol italiano ni arquitectura futurista. Pide algo elemental: una cocina digna y segura para preparar alimentos a cientos de niños.
Ni siquiera eso pudieron garantizar.
Y después las autoridades se sorprenden cuando la ciudadanía pierde confianza en la política. Lo raro sería que todavía creyera.
