El tractor del pueblo al servicio de los privilegiados

En los papeles, los tractores agrícolas de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno fueron comprados para asistir a productores y fortalecer el desarrollo rural. En la práctica, según denuncias ciudadanas y materiales audiovisuales que circulan en la comunidad, las costosas maquinarias públicas terminarían trabajando donde históricamente terminan muchos recursos del Estado: al servicio del entorno del poder político.

El video es contundente. Un tractor John Deere con la inscripción de “uso oficial y exclusivo” de la Municipalidad aparece acarreando rollos de eucalipto en una propiedad atribuida al asesor comunal ad honorem Juan Constantino Vera. El funcionario negó haber vendido madera y sostuvo que esa historia “ya fue publicada varias veces”. Pero el problema no desaparece porque se lo repita. Al contrario, persiste porque nunca hubo una explicación convincente ni documentos públicos que despejen las dudas.

Lo verdaderamente grave es la normalización del uso discrecional de bienes públicos. Combustible pagado por los contribuyentes. Operadores pagados por los contribuyentes. Mantenimiento costeado por la Municipalidad. Sin embargo, el beneficio final parecería favorecer a personas cercanas al poder político local.

Y difícilmente exista voluntad real de corregir esta situación mientras el propio intendente Derlis Molinas también sea señalado por supuestamente utilizar las maquinarias municipales en cultivos de eucalipto y chacras vinculadas a a su familia o a él mismo. Esa es precisamente la raíz del problema: cuando quienes deben controlar son, al mismo tiempo, los presuntos beneficiarios del sistema.

Agricultores de la zona sostienen además que por el uso de los tractores se cobra alrededor de G. 250.000 por hectárea y que esos recursos supuestamente no ingresarían formalmente a las arcas municipales. Si esto es cierto, el esquema resulta todavía más escandaloso: el pueblo financia las máquinas y terceros manejarían los ingresos sin suficiente transparencia ni rendición de cuentas.

¿Dónde están los registros de trabajo de los tractores? ¿Quién autoriza las operaciones? ¿Cuántas horas trabajan para pequeños productores y cuántas para allegados políticos? ¿Quién controla el combustible? Son preguntas elementales que cualquier administración transparente debería responder de inmediato.

Pero en demasiadas municipalidades del interior ocurre exactamente lo contrario: los bienes públicos terminan convertidos en herramientas de uso selectivo para una reducida élite política y económica. Y cuando alguien cuestiona, la respuesta suele ser el silencio, la negación o la costumbre de minimizar hechos que en cualquier país serio provocarían escándalo.

Los tractores agrícolas no fueron adquiridos para fortalecer negocios privados ni para beneficiar a dirigentes cercanos al oficialismo municipal. Fueron comprados con dinero de todos los contribuyentes de San Juan Nepomuceno.

Cuando el patrimonio público comienza a confundirse con propiedad personal de quienes administran la comuna, la corrupción deja de ser un hecho aislado y pasa a convertirse en un método de gobierno.