Eugenio A. Garay: productor sojero con dos condenas por delitos ambientales vuelve a generar alerta en la comunidad

GENERAL EUGENIO A. GARAY. La presencia de maquinarias agrícolas en las inmediaciones del tanque comunitario volvió a generar preocupación entre los pobladores de este distrito. Según denuncian los vecinos, una sembradora estaría preparada para iniciar trabajos de cultivo de soja en una zona donde la actividad está restringida por disposiciones municipales.

El caso involucra al productor José Carlos Casagrande, quien registra dos condenas judiciales de un año y seis meses cada una por delitos ambientales e incumplimiento de medidas de mitigación en establecimientos donde se cultivaba soja. En ambos casos, la ejecución de las penas fue suspendida a prueba por dos años, bajo determinadas reglas de conducta.

El conflicto no es nuevo. Desde 2023, pobladores vienen denunciando los riesgos de la agricultura mecanizada y el uso de agroquímicos cerca de fuentes de agua. La Municipalidad cuenta con ordenanzas que promueven la producción agroecológica y prohíben el monocultivo de soja y los agroquímicos asociados.

La preocupación aumenta porque el distrito forma parte del entorno de la Reserva de Recursos Manejados Ybytyruzu, declarada por decreto en 2001. Los vecinos consideran que la actividad agrícola denunciada representa una amenaza para el ambiente y, especialmente, para el abastecimiento de agua de la comunidad.

Ante esta situación, reclaman la intervención del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la Fiscalía del Medio Ambiente y la Policía Nacional, para verificar lo que ocurre y hacer cumplir las disposiciones vigentes.

Los pobladores también expresaron indignación por un audio que atribuyen a personas vinculadas al sector sojero, en el que se habrían utilizado expresiones despectivas contra quienes cuestionan la actividad. El material deberá ser verificado para establecer su autenticidad y procedencia.

La comunidad insiste en que no busca impedir el trabajo, sino evitar que intereses particulares pongan en riesgo los recursos naturales y el agua que utilizan las familias. El reclamo central es que las normas ambientales se cumplan y que las autoridades actúen antes de que el conflicto tenga consecuencias mayores.