Viuda negra y sus cómplices se exponen a hasta 30 años de cárcel si la Fiscalía prueba el crimen

SAN JUAN NEPOMUCENO. La expectativa de una condena de hasta 30 años de prisión para los acusados por el asesinato de Hugo Nelson Aguayo Núñez está ahora en manos del Tribunal de Sentencia, presidida por Blanca Corina Paiva Duarte e integrados por Carlos Antonio López y Osvaldo Rivas, que deberá evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público y las defensas para determinar la responsabilidad penal de cada procesado.

El fiscal Carlos María Mercado Miranda deberá demostrar la acusación contra Elisa Noemí Pino Rojas, conocida como la «viuda negra», su madre, Demetria de la Nieve Rojas Santacruz, su hermana, Diana Pino Rojas, y los presuntos autores materiales Cristhian David Paredes González y Aldo Troche Cáceres. Los cinco están acusados por el homicidio ocurrido el 19 de diciembre de 2023 en la compañía San Rafael, de San Juan Nepomuceno

El juicio oral y público comenzó el pasado 14 de octubre con la declaración de cuatro testigos: Juan Venceslao Aguayo, padre de la víctima; sus hermanas Liz y Cintia Aguayo, y Amado Portillo, quien fue pareja de la hermana de la principal acusada.

La cuestión central del proceso será determinar si la Fiscalía consigue probar que el crimen fue planificado y ejecutado por encargo, así como el grado de participación que atribuye a cada uno de los acusados.

Un supuesto asalto que terminó bajo sospecha

El crimen ocurrió alrededor de las 21:00 del 19 de diciembre de 2023. Aguayo Núñez, de 45 años, regresaba en una camioneta con su pareja desde la compañía San Blas, donde habían compartido con familiares de la víctima, rumbo al casco urbano de San Juan Nepomuceno.

Según la investigación, durante el trayecto Elisa Noemí Pino Rojas manifestó que se sentía mal y que tenía ganas de vomitar, por lo que pidió a su pareja que detuviera la marcha. La camioneta paró en un sector oscuro y despoblado de la compañía San Rafael, donde presuntamente aguardaban dos hombres ocultos entre los matorrales.

Uno de los atacantes habría efectuado un disparo contra Aguayo Núñez, mientras el otro se apoderaba de una bolsa que contenía aproximadamente G. 10 millones y 2.500 euros. Luego, ambos escaparon del lugar.

 En un primer momento, el hecho fue presentado como un asalto. Sin embargo, las circunstancias del ataque y las posteriores diligencias investigativas llevaron a la Policía y a la Fiscalía a sostener que el robo habría sido simulado para encubrir un asesinato previamente organizado.

Las detenciones y las sospechas de planificación

La investigación avanzó mediante procedimientos policiales, allanamientos y el análisis de comunicaciones. En enero de 2024, Elisa Noemí Pino Rojas ya se encontraba procesada por el homicidio de su pareja. El 26 de junio de ese año fueron detenidos su madre, Demetria de la Nieve Rojas Santacruz; su hermana, Diana Pino Rojas; y los presuntos autores materiales Cristhian David Paredes González y Aldo Troche Cáceres.

 La hipótesis fiscal sostiene que las tres mujeres habrían participado en la planificación del crimen, mientras que Paredes y Troche habrían intervenido en la ejecución del ataque. Paredes es señalado como el supuesto autor del disparo mortal y Troche como quien habría colaborado en el traslado del ejecutor.

Una de las personas que aportó información relevante fue Ada Noemí Paredes González, quien inicialmente fue detenida durante la investigación, pero posteriormente pasó a colaborar como testigo del Ministerio Público. Según los antecedentes publicados, habría facilitado el contacto con uno de los presuntos sicarios.

 También declaró durante la investigación el policía Erwin Espinoza, expareja de Diana Pino Rojas. El agente manifestó que, tiempo antes del asesinato, ella le habría pedido ayuda para encontrar a alguien que pudiera matar a su cuñado. Ese testimonio forma parte de los elementos que la Fiscalía busca utilizar para sostener la hipótesis de una planificación previa.

 El posible móvil y la hipótesis del seguro de vida

Entre las líneas investigativas se mencionaron posibles conflictos de pareja, supuestos maltratos y cuestiones patrimoniales. También se examinó la posibilidad de que la muerte estuviera relacionada con un seguro de vida contratado en España, donde la pareja residía con sus dos hijos.

Según publicaciones periodísticas de junio de 2024, la Policía investigó la eventual existencia de una indemnización de aproximadamente 150.000 euros por la muerte violenta de Aguayo Núñez. Sin embargo, la Fiscalía no logró confirmar esa versión como móvil del crimen. Por ello, debe ser presentada como una hipótesis investigativa y no como un hecho demostrado.

 Un juicio que tardó en comenzar

La causa también estuvo marcada por reiteradas postergaciones. En septiembre de 2025, ABC Color informó que la audiencia preliminar había sido convocada en numerosas ocasiones sin poder concretarse, situación que generó reclamos de los familiares de la víctima.

 Finalmente, en octubre de 2025, el juez de Garantías Carlos Darío Flores Rojas elevó la causa a juicio oral y público. La decisión abrió el camino para que las pruebas reunidas durante la investigación fueran examinadas en un debate público.

 Con el inicio del juicio en octubre de 2026, el Ministerio Público tendrá que demostrar ante el Tribunal de Sentencia que los hechos ocurrieron como sostiene la acusación. La expectativa de una condena dependerá de la solidez de las pruebas, la credibilidad de los testimonios y la responsabilidad individual que se consiga acreditar.