Hermana de Derlis Molinas amenaza con demandar a periodista por supuesta violencia de género

SAN JUAN NEPOMUCENO. Eva Molinas, hermana del derrotado intendente colorado cartista Derlis Molinas, anunció que promovería acciones judiciales contra el periodista Antonio Caballero, editor de Caazapá Ahora, alegando una supuesta situación de violencia de género derivada de publicaciones realizadas por este medio.

La polémica surgió tras la difusión de un audio de WhatsApp en el que la propia Eva Molinas denunciaba haber sido víctima de escraches y abucheos luego de las elecciones internas. En ese mismo material, la mujer calificó a comunicadores como supuestos "extorsionadores", sin mencionar elementos probatorios que respalden dicha afirmación.

Abogados consultados por este medio señalaron que la reproducción del audio constituyó la difusión de manifestaciones realizadas voluntariamente por la propia protagonista, por lo que, a su criterio, no se advierten elementos que permitan encuadrar los hechos dentro de la figura de violencia contra la mujer establecida en la legislación paraguaya.

Asimismo, indicaron que la atribución pública de la comisión de un delito a personas determinadas, sin pruebas que la sustenten, podría dar lugar al análisis de eventuales hechos punibles contra el honor, como la difamación o la calumnia, previstos en el ordenamiento jurídico paraguayo. En ese sentido, sostuvieron que corresponderá al Ministerio Público evaluar si las expresiones contenidas en el audio ameritan o no la apertura de una investigación.

Según los antecedentes del caso, Eva Molinas también habría remitido un mensaje de WhatsApp al teléfono particular del periodista Antonio Caballero en el que expresó: "Hasta aquí voy a soportar. En Derecho de la Mujer voy a llevar. Me va a conocer porque terminó la interna y no tengo miedo", de acuerdo con los registros conservados por este medio.

Hasta el momento, no existe denuncia formal ni resolución judicial relacionada con las expresiones difundidas en el audio. Cualquier determinación sobre la existencia de responsabilidades penales corresponderá exclusivamente a las autoridades competentes, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de todas las partes involucradas.