Policiales y Judiciales

Cae productor sojero investigado por delito ambiental en Abaí

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Cae productor sojero investigado por delito ambiental en Abaí
Leandro Baroli, señalado por investigadores como supuesto protegido de una asistente fiscal, fue detenido por orden de la fiscala Lisa Maricel Baeza. El Ministerio Público busca determinar su responsabilidad en la intervención de unas 10 hectáreas de campo natural.

SAN JUAN NEPOMUCENO. Agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, con sede en Caazapá, detuvieron al productor sojero de origen brasileño Leandro Boarolli Pellin, investigado por un supuesto delito ambiental en el distrito de Abaí. La orden de captura fue emitida a pedido de la fiscala de la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente, Lisa Maricel Baeza.

Baroli es investigado por una presunta intervención irregular sobre recursos naturales en un inmueble rural del distrito de Abaí.

Según datos filtrados a la prensa y antecedentes que deberían analizar los investigadores, el ahora detenido habría contado con la protección de la asistente fiscal de San Juan Nepomuceno, Míguela Franco. Esa información deberá ser corroborada y la eventual actuación de la funcionaria esclarecida por el Ministerio Público en el marco de la investigación.

Los productores sojeros estan pelando nuestro país

El jefe del Departamento de Investigaciones de Caazapá, Osvaldo Andino, confirmó la detención del productor y señaló que fue trasladado hasta la Comisaría 3.ª de San Juan Nepomuceno, donde permanece a disposición de la fiscala Lisa Maricel Baeza.

Los antecedentes del caso

La investigación se inició tras un procedimiento realizado el 10 de julio, en cumplimiento de un mandamiento de allanamiento emitido por el Juzgado Penal de Garantías del Primer Turno de Caazapá.

La diligencia fue encabezada por la fiscala Lisa Maricel Baeza, acompañada por técnicos especializados en delitos ambientales, quienes inspeccionaron un inmueble rural ubicado en la compañía Itacurubí, distrito de Abaí.

Al llegar al lugar, la comitiva no encontró personas en el inmueble, por lo que el mandamiento judicial fue fijado en un poste del alambrado, conforme al procedimiento legal.

Durante la inspección se constató un rastroneo de aproximadamente 10 hectáreas de campo natural, aparentemente preparado para uso agrícola. El informe técnico señala que los trabajos habrían sido realizados con maquinaria pesada; sin embargo, al momento del allanamiento no fueron hallados equipos ni trabajadores en el sitio.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que, según los antecedentes recabados, el día anterior al allanamiento dos máquinas pesadas estaban realizando trabajos dentro del inmueble. No obstante, ambas habrían sido retiradas durante la noche, por lo que cuando se ejecutó la intervención fiscal ya no se encontraban en el lugar.

La investigación prosigue con el objetivo de determinar la responsabilidad penal de Leandro Baroli y establecer si existieron otras personas que colaboraron o facilitaron la presunta comisión del hecho punible contra el medio ambiente, así como esclarecer la eventual participación de funcionarios públicos que pudieron haber favorecido u obstaculizado las pesquisas.

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